Lo decidió el juez Sebastián Casanello. También le aplicó un embargo por más de 14 mil millones de pesos. Además fueron procesados el broker Héctor Martínez Sosa, su mujer, María Cantero, y varios ex funcionarios de Nación Seguros
El juez Sebastián Casanello procesó al ex presidente Alberto Fernández por la causa Seguros y le aplicó un embargo sobre sus bienes de $14.634.220.283. La acusación central es por el decreto 823/21, que obligó a todos los ministerios y organismos del Estado nacional a contratar con Nación Seguros, y por la designación de María Cantero como su secretaria privada. “Existen fuertes sospechas de que construyó una oficina de Presidencia que pasó a ser asiento de los negocios del grupo empresarial de los cuales él mismo había participado”, dice el fallo.
El procesamiento es por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, que tiene una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua.
“Las evidencias reunidas permiten sostener que el ex Presidente de la Nación se interesó, en sentido jurídico-penal, en el proceso formativo de la voluntad estatal que culminó con la materialización de las contrataciones por parte del Poder Ejecutivo Nacional, a fin de beneficiar al grupo empresarial en cuestión”, dice el fallo en relación al empresario Héctor Martínez Sosa.
En un fallo de más de 400 páginas, Casanello también procesó al empresario Héctor Martínez Sosa y a su mujer, María Cantero, la histórica secretaria de Fernández.
El juez determinó que la designación de Cantero en la Casa Rosada generó una “confusión de intereses”. “Su solo nombramiento, dada la sensibilidad de las tareas a cumplir -en especial, su contacto inmediato con la agenda y los quehaceres diarios del primer mandatario- suponía, ya de base, la creación de un riesgo objetivo que exigía mecanismos de mitigación proporcionales a la amenaza”, se puede leer en el fallo.
Y agrega: “La evidencia reunida mostró, además, que la vinculación entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero, tanto en la etapa previa a la asunción del cargo como durante el desarrollo del mandato presidencial, excedió la de una mera relación de amistad y/o laboral. A la par de un trato frecuente y cercano (reflejado en múltiples intercambios por WhatsApp, llamadas telefónicas, visitas y registros fotográficos), se comprobó la entrega de obsequios, flujos dinerarios y gestión de favores personales”.
Efectivamente, Martínez Sosa aprovechó como pocos el paso de su amigo Alberto Fernández por la Casa Rosada. El empresario y sus “satélites” cobraron $2.297.820.134, casi el 60% de las comisiones pagadas entre 2019 y 2023.
Durante el gobierno de Fernández, la empresa Martínez Sosa acumuló contratos con 19 organismos públicos y recibió $366.635.744 en comisiones. En el listado aparecen cuatro ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA, el Fondo de las Artes, y la Corte Suprema, entre otros.
La cifra creció a $ 416.546.348 si se suman las comisiones cobradas en 2024.
Apenas estalló el escándalo, Martínez Sosa intentó despegarse del expresidente, pero la filtración de los chats reveló que visitaba a Fernández en la quinta de Olivos, sin dejar rastros, y que utilizaba a su pareja para abrir puertas en reparticiones oficiales, tal como reveló este medio.
Desde su lugar en la Casa Rosada, Cantero contactaba a los funcionarios y realizaba gestiones para su pareja.
Casanello concluyó que la secretaria “estaba claramente de los dos lados del mostrador”. “A la par de haber sido designada en un cargo público en un lugar sumamente sensible – como lo es el entorno presidencial-, era contratista del Estado (y recibía regularmente dinero, vía transferencia bancaria, por parte de la empresa de seguros)”, dice el fallo.
El juez destacó también el vínculo estrecho entre Alberto Fernández y Daniel “El Gordo” Rodriguez, el ex intendente de la quinta de Olivos que antes había trabajado para Martínez Sosa. “La influencia del empresario se lograba a partir de su capital económico y los vínculos de dependencia generados. En palabras de Daniel Rodríguez, Fernández tenía que “pagar favor de tanto tiempo de abonos”, es decir, ‘devolver favor’”, se puede leer en la resolución.
El fallo reconstruye una conversación clave, del 28 de diciembre de 2018:
– Daniel Rodríguez: “Ojo si esto cambia y sabes quién puede quedar prendido tendrá q pagar favor de tanto tiempo de abonos”
– Cantero: “No entiendo lo q decis”
– Rodríguez: “Por Alberto”
– Cantero: “Alberto no le sirve para nada”
– Rodríguez: “Lee bien te dije q si cambiaba y estos ganan Alberto tendrá q devolver favor”
– Cantero: “Alberto está con CFK y ella no gana”
Los teléfonos y los chats fueron claves para la investigación. El fallo destaca una frase de Cantero a Martínez Sosa apenas asumió Fernández en la Rosada. “Tenemos que estar más tranquilos y todo va a encaminarse. Vos tenés que estar tranquilo y ocuparte solo de las cosas importantes. Tenés un amigo Presidente. Esto pasa una vez en la vida. Y hay que ir con calma. Yo soy tu respaldo al lado de tu amigo Presidente. Somos equipo, no necesitamos más que eso. Estamos de acuerdo?”.
Los chats de la pareja fueron revelados por Infobae en agosto de 2024. Se encontraron en el teléfono de Cantero, donde también aparecieron los diálogos con Fabiola Yañez sobre la violencia.
Casanello también procesó, sin prisión preventiva, al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y a ex miembros del directorio como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria, y Mauro Tanos.
En el listado también aparecen Santiago Fraschina, un economista camporista que estuvo a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y mandó una nota a Nación Seguros, en marzo de 2023, para redistribuir los porcentajes que le correspondían a los brokers por la póliza de la ANSES, y Federico D’Angelo Campos, que también estuvo a cargo del FGS.
En cambio, Casanello dictó la falta de mérito de los empresarios Oscar Alberto Castello, Ernesto Mercuri, Hernán Alejandro Beretta, Javier Marcelo Rodríguez Gómez, Ricardo Mauricio Clement, y Laura Elena Crisafulli.
Además de resolver la situación procesal de los imputados, el juez ordenó hoy nuevos allanamientos sobre varias empresas: Héctor Horacio Martínez Sosa y Compañía; Bri Brokers; Levelar; TG Broker, San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, y San Germán Seguros, junto con sus vinculadas Safe Investment, San Marcos Investment, Capital Consulting, Processing Data Argentina, y Latin American Seguros.
La causa de los Seguros cambió de juez a comienzos de febrero, cuando se venció la subrogancia de Julián Ercolini, en el juzgado federal 11. Ocurrió en un momento clave de la investigación porque ya se habían terminado las indagatorias y el juez se disponía a decidir si procesaba o sobreseía a todos los imputados.
Desde entonces, Casanello decidió revisar toda la documentación, solicitar nuevas pruebas, y darle su impronta a la causa. Además, profundizó otras líneas de investigación.
Una prueba fundamental para la causa fue un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y presentado a mediados de mayo. Ese documento, de 662 páginas, analizó la facturación de Alberto Fernández mientras estuvo al margen de la función pública. Los expertos de la PROCELAC revelaron que el ex presidente le facturó a Martínez Sosa por supuestos servicios profesionales entre 2010 y 2019.
La última factura está fechada el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de su asunción. En total, Fernández le facturó a la empresa de su amigo “Hecky” un total de $4.257.000, tomando en cuenta los valores de esa época.
¿Por qué le facturaba? Los abogados de ambas partes aseguran que Martínez Sosa recibía un informe que elaboraba Fernández de la coyuntura política y económica. No era el único cliente del ex presidente. En esos listados aparecen varias empresas y hasta dos sindicatos. /Nicolás Pizzi /Infobae
