Los lotes fiscales otorgados por el Estado deben ser habitados. Ordenamiento Territorial reitera sobre la política de adjudicación y recupero.
La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (SECOTyH) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) reitera la importancia de realizar el arraigo de los lotes fiscales adjudicados, condición prevista en la ley de Régimen de Tierras Fiscales.
Lotes fiscales: derechos y obligaciones
Eduardo Cazón, titular de la SECOTyH, comentó al respecto que “desde la Secretaría advertimos que aún no se habitan lotes, lo que nos preocupa ya que esto, además de no permitir que el acceso regular a la tierra fiscal cumpla con ser solución habitacional, propicia el crecimiento de delitos relacionados a la venta de lotes fiscales”. “Se trata de lotes que han sido adjudicados por el Estado y que son utilizados en una especie de mercado inmobiliario informal”, describió.
El secretario de Ordenamiento Territorial y Hábitat señaló que “es imputable tanto el ciudadano o ciudadana que vende como quien decide comprar”; “nosotros accionamos en virtud de lo que establece la ley, que entre los requisitos que promueve para la adjudicación de un lote, se encuentra la obligación de la ciudadanía de realizar una ocupación efectiva del lote adjudicado, lo que se llama arraigo”.
Delitos con lotes fiscales
“Si el beneficiario o beneficiaria de un lote fiscal no realiza en arraigo, promueve una ocupación ilegal que se da a través de una usurpación o la compra/venta”, reiteró, advirtiendo además que quien decide comprar un lote fiscal “no tiene ninguna seguridad jurídica y se arriesgan a una denuncia por cometer delito”.
“Los lotes fiscales que el Estado produce para las familias que no tienen donde vivir, no son para sacar renta, no son para vender, no son para alquilar”, reafirmó. “Instamos a las familias a que se acerquen por nuestras oficinas para interiorizarse sobre la situación de tenencia de su lote fiscal y que, en caso de no poder realizar el arraigo, puedan plantear su situación ”, solicitó.
Cazón también recordó a la ciudadanía que “nuestros equipos realizan seguimientos permanentemente, buscamos dar prioridad a la gente que realmente lo va a ocupar; y entendemos que, si no toman posesión, es porque tienen donde vivir”.
“Ejecutar infraestructura, una infraestructura social básica, a la vez, y sólo la obra, significa una inversión pública que las familias y la ciudadanía debemos valorar; y la adjudicación es un derecho que tiene como contraparte cumplir con la ley, lo que, a la vez, les brinda la posibilidad de lograr, de modo muy accesible, la escrituración”, puso en valor Cazón.
