La Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte presentó el requerimiento de elevación de la causa a juicio contra Cristian Gabriel Palavecino, José Dimas Ruiz, Brian Gabriel Palavecino, Marcelino Daniel Cruz, Matías Ezequiel Malissia, Delfor Rogelio Sandoval y Javier Antonio Romero. Según la investigación, se reunieron elementos de cargo suficiente que indican que fueron los autores del robo a la empresa Abra de Sol.
El hecho objeto de la investigación ocurrió el 16 de diciembre de 2022, alrededor de las 20 horas, cuando un grupo de al menos ocho personas ingresó a la empresa Abra de Sol con los rostros cubiertos con pasamontañas para ocultar su identidad. Portaban armas de fuego, tanto largas como cortas, y ejercieron violencia física contra el personal de seguridad y demás empleados. Maniataron a las víctimas utilizando precintos de plástico, impidiéndoles salir del lugar, les quitaron sus teléfonos celulares y sustrajeron la suma de $13.000.000 (trece millones de pesos) y US$160.000 (ciento sesenta mil dólares).
Además, al retirarse del lugar, lo hicieron en la camioneta Toyota SW4, propiedad de uno de los socios gerentes de la empresa. A este último, mediante violencia y amenazas con armas de fuego, lo obligaron a subir al vehículo, que era conducido por uno de los autores del hecho. Lo trasladaron con el rostro cubierto junto al resto del grupo a un lugar alejado de donde cometieron el robo, donde finalmente fue abandonado. El empresario fue auxiliado por transeúntes, quienes lo llevaron a una dependencia policial para radicar la denuncia.
La investigación enfrentó diversas dificultades, no solo por la gravedad del hecho, sino también porque uno de los imputados, quien ocupaba el cargo de gerente comercial de la empresa, el contador José Dimas Ruiz, simuló ser una víctima mientras mantenía contacto con los investigadores para colaborar. Sin embargo, posteriormente proporcionaba información a los autores del hecho para que pudieran eludir la pesquisa.
Esta situación se agravó debido a que, a pesar del evidente entorpecimiento de la investigación, José Dimas Ruiz fue beneficiado con arresto domiciliario por el exjuez Claudio Parisi, presuntamente a cambio de una suma de dinero. Este hecho derivó en la imputación del exmagistrado por el delito de cohecho pasivo agravado y fue uno de los motivos que llevaron a su destitución por el Jurado de Enjuiciamiento.
Otro obstáculo para la investigación fueron las sistemáticas negativas del juez Francisco Oyarzú a las autorizaciones solicitadas por la Unidad Fiscal interviniente para extraer datos de los teléfonos celulares y otros dispositivos de almacenamiento secuestrados a los imputados. Esta decisión fue corregida por el Tribunal de Impugnación, como consecuencia de la actividad recursiva desplegada por el Ministerio Público Fiscal, un trámite que demandó casi seis meses. Este hecho fue uno de los motivos de la denuncia presentada por el Procurador General Pedro García Castiella ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el mencionado magistrado, en la que se reclamó su destitución.
Los fiscales integrantes de la Unidad destacaron la importancia de la evidencia digital extraída de los teléfonos celulares, computadoras y pendrives secuestrados en los domicilios de Cristian Gabriel Palavecino. Entre los elementos obtenidos se encontraron videos, fotografías y llamadas telefónicas grabadas que acreditaron la logística empleada para cometer el hecho, así como conversaciones entre Palavecino y José Dimas Ruiz. En dichas comunicaciones, no solo reconocían ser los autores del delito y las acciones realizadas para entorpecer la investigación, sino que Palavecino también le reclamaba a Ruiz por la detención de su hijo.
La acusación incluye los delitos de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, y mediante el uso de arma de fuego, privación ilegítima de la libertad agravada y asociación ilícita. /Norte Ya
