En su mayoría se deben a rescisiones de contratos, según el relevamiento hecho por Infobae de la base de datos de ese tribunal de arbitraje internacional. El caso más antiguo se remonta a 2002 y los tres más nuevos se iniciaron en 2023
Argentina tiene, actualmente, siete demandas abiertas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por un total de USD 2.513 millones. La cifra – a la que deben sumarse intereses y costas – surge del relevamiento hecho por Infobae de la base de datos de ese tribunal de arbitraje del Banco Mundial que resuelve conflictos entre inversionistas y Estados, o entre Estados, en contratos de inversión extranjera.
Este monto millonario de reclamos presentados contra el país corresponde a juicios que están en litigio, aún no resueltos, que tramitan ante este tribunal con sede en Washington. Son los propios estados los que acuerdan someterse a la mediación del CIADI, y sus fallos son de cumplimiento obligatorio. Los intereses de Argentina ante este tribunal internacional son representados por la Procuración del Tesoro, hoy a cargo de Rodolfo Barra.
El caso que más años arrastra y aún está pendiente de resolución es de 2002, tras la devaluación dispuesta por el gobierno de Eduardo Duhalde. El fin de la convertibilidad implicó la ruptura de contratos por parte del Estado que estaban en dólares, lo que disparó los reclamos de empresas extranjeras con intereses en el país. Los litigios más recientes ante el CIADI son tres de 2023.
Las empresas demandantes invocan la violación de sus derechos en calidad de inversores extranjeros en virtud de diferentes tratados bilaterales firmados con sus países de origen. Estos acuerdos, muchos de los cuales fueron firmados en los 90’s, incluyen la obtención de una indemnización por daños en caso de verse afectadas sus inversiones o revocados sus contratos por el Estado argentino.
La causa más antigua y por mayor monto se remonta a diciembre de 2002 y la presentó en el CIADI la firma norteamericana AES Corporation por USD 1.814 millones. El reclamo se centró en la negativa de Argentina a aplicar mecanismos previamente acordados para el cálculo y ajuste de tarifas relacionadas con las inversiones de AES en el sector eléctrico local. La firma alegó que nuestro país violó sus obligaciones al congelar las tarifas de electricidad y no permitir ajustes que reflejaran la inflación y la devaluación del peso argentino, lo que afectó la rentabilidad de sus inversiones. Alegó que no se respetó el Tratado Bilateral de Inversiones Estados Unidos-Argentina, firmado en 1991.
La multinacional eléctrica tenía participación accionaria en Central Térmica San Nicolás, Hidroeléctrica Río Juramento, la Hidrotérmica San Juan, Alicurá, AES Paraná, TermoAndes, Central Dique, y en las compañías de distribución eléctrica EDES, EDEN y EDELAP.
El juicio tuvo idas y vueltas, y estuvo suspendido entre enero de 2006 y diciembre de 2019, a pedido de las partes. Con la llegada al gobierno de Alberto Fernández, Argentina decidió cambiar de estrategia en el CIADI e ir por la descalificación de los tres miembros del tribunal, pero la solicitud fue rechazada en abril de 2022. En enero de 2023 se realizó la audiencia en la sede del CIADI en Washington y, en junio de ese año, las partes presentaron sus respectivos escritos. En mayo último, hicieron lo mismo con sus observaciones sobre las costas del juicio. Está pendiente un laudo del tribunal arbitral.
En cuanto a la cifra exigida como reparación ante ese tribunal del Banco Mundial, le sigue la presentada por la compañía española Abertis Infraestructuras, por USD 299,5 millones. El reclamo fue iniciado en agosto de 2023 por la principal accionista de Autopistas del Sol (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que alegó “la destrucción a partir de 2019 del régimen tarifario establecido en los acuerdos integrales de renegociación de los contratos de concesión” de esos accesos viales a la ciudad de Buenos Aires
Los contratos de concesión preveían un régimen tarifario que permitiera cubrir los costos operativos y de inversión, y obtener una ganancia. Abertis aseveró que las medidas adoptadas por el Estado argentino en enero de 2002, tras la devaluación, redujeron a menos de un tercio el valor de las concesiones, y “frustraron el principio de equilibrio económico y financiero”.
Sin embargo, el grupo español desistió de ese reclamo ante el CIADI tras la firma en junio de 2018 de dos Acuerdos Integrales con el gobierno argentino, a cargo en ese momento de Mauricio Macri,. Contemplaban la renegociación de la concesión de ambos corredores, con la prórroga de 10 años, hasta 2030.
Pero tras el cambio de gestión y la llegada de Fernández a la Casa Rosada, en diciembre de 2019, el Ejecutivo congeló las tarifas, buscó anular los acuerdos firmados, e impulsó una acción penal contra los funcionarios que los habían promovido. El argumento de Argentina fue que la dolarización de las tarifas de los peajes de ambas autopistas le habrían generado un daño de USD 2000 millones al Estado nacional y a los usuarios. Abertis alegó que la Argentina violó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y la Argentina firmado en 1991. El 2 de julio último, el Tribunal resolvió contra el pedido de Argentina de “bifurcación” del proceso para separar la cuestión jurisdiccional del debate sobre el mérito del reclamo. Nuestro país presentó su respuesta a la demanda de Abertis el 31 de octubre pasado.
Por este mismo desconocimiento del gobierno del Frente de Todos de la renegociación de la concesión de la Autopista del Acceso Oeste, Argentina enfrenta otro litigio en el CIADI. Lo presentó la compañía malaya IJM Corporation Berhard, accionista en un 20% del Grupo Concesionario Oeste (GCO), el 11 de diciembre de 2023, un día después del recambio presidencial.
La demanda es por USD 47,1 millones. Hace unos dos meses, el 7 de noviembre, IJM presentó la argumentación de la demanda, que ahora deberá ser respondida por el Estado argentino.
En tercer lugar en cuanto al monto del reclamo, aparece el litigio iniciado por tres aseguradoras de Países Bajos (Nationale-Nederlanden Holdinvest BV, Nationale-Nederlanden Intertrust BV y NN Insurance International BV) y Orígenes AFJP SA (propiedad de ING). Fue por la reestatización del sistema de pensiones y la eliminación del régimen de capitalización de las AFJP, y su absorción por el régimen de reparto de jubilaciones y pensiones mediante la ley N° 26.425.
El reclamo se inició en abril de 2019 y el monto reclamado asciende a USD 157 millones. Está pendiente el laudo del tribunal arbitral.
Le sigue en monto el reclamo por USD 114,8 millones presentado en septiembre de 2015 por la firma italiana Webuild, conocida anteriormente como Salini Impregilo. El motivo fue el desacuerdo en el contrato de construcción y mantenimiento de un puente sobre una autopista, que incluía el cobro de peaje. La concesión era por 25 años y la tenía Puentes del Litoral SA, en la que Webuild poseía el 26% de participación.
Webuild alegó la falta de pago de subsidios para la concesión, el dictado de normativa que afectó a los ingresos por peaje y la viabilidad económica del proyecto, así como retrasos en la finalización de la renegociación del contrato. Según la demandante, esas medidas tuvieron como resultado la quiebra del concesionario local, la rescisión de la concesión por parte del Gobierno y su reasignación a un tercero. Puentes del Litoral SA se disolvió en junio de 2014.
Este fue el tercer reclamo disputado por la compañía italiana ante el CIADI. Los dos anteriores procedimientos fueron por la concesión de saneamiento y gestión de aguas, y por la construcción de una autopista.
En junio de 2023 las partes realizaron sus presentaciones para la determinación de daños. En julio de 2024, Argentina presentó un recurso de reconsideración contra la decisión del Tribunal sobre su responsabilidad, que fue rechazado. Entre octubre y noviembre pasado, las partes presentaron distintos escritos sobre la determinación de las costas del juicio. Está pendiente la emisión del laudo.
Entre los litigios más recientes contra el país ante el CIADI, figura el presentado en agosto de 2023, por BA Desarrollos LLC, una dinmobiliaria con sede en Estados Unidos e inversiones en Buenos Aires. La firma del magnate brasileño-libanés Edmond Safra presentó un reclamo por casi USD 59 millones, luego de haber pagado cerca de USD 50 millones por un terreno para desarrollar el proyecto de Catalinas II, en el barrio de Retiro, que nunca pudo escriturar. Safra también alegó la violación del Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos.
El 9 de septiembre pasado, el tribunal falló contra la solicitud de Argentina de “bifurcación” de la cuestión jurisdiccional del mérito de la controversia, para que tramiten en forma separada, aunque aún no resolvió la cuestión de fondo.
El juicio de menor monto entre los litigios pendientes ante el CIADI, es el iniciado por Casinos Austria, firma controlada por Casinos Austria GmbH y Casinos Austria Aktiengesellschaft, constituidas en ese país europeo. Presentaron en diciembre de 2014 un reclamo por la revocatoria en 2013 de la licencia de explotación de juegos de azar en Salta.
La licencia había sido otorgada por 30 años, en 1999, a la compañía argentina Entretenimientos y Juegos de Azar SA (ENJASA) para la operación de instalaciones de juegos de azar y actividades de lotería en esa provincia. En ese momento, ENJASA estaba constituida por el gobierno de la Provincia de Salta. Luego de una licitación pública y diversos cambios en la estructura de titularidad, ENJASA pasó a tener control mayoritario de Casinos Austria.
Pero el ex gobernador Juan Manuel Urtubey le revocó la licencia por presunto lavado de dinero, según sostuvo en ese momento el entonces ministro provincial de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Carlos Parodi. Casinos Austria reclamó que la revocación de licencia “destruyó su inversión” en Argentina. Invocó la violación de sus derechos como inversor en virtud del Tratado Bilateral Argentina-Austria.
El monto reclamado ascendía a USD 51,9 millones. Un laudo emitido el 5 de noviembre de 2021 le otorgó una indemnización de USD 21.660.000, más intereses y una parte proporcional de las costas incurridas por las demandantes. En marzo de 2022, el Estado argentino pidió la anulación de ese fallo. En septiembre de 2023 se celebró la audiencia en Washington y, al mes siguiente, las partes presentaron sus escritos con observaciones sobre el monto de las costas. Se está a la espera de la decisión final del Tribunal. / Visualización de datos: Daniela Czibener /Carga y chequeo de datos: Desiré Santander /Infobae –FOTOS: Yahoo Finanzas
