Antes se les decía ñoquis, porque aparecían por las oficinas públicas los días 29, para cobrar el sueldo. Pero ahora los que ocupan puestos por amiguismo o militancia partidaria ya no necesitan ir a cobrar, porque el sueldo se les acredita en forma automática, así que la mayoría no les conoce la cara y les dicen «fantasmas».
Uno de esos «fantasmas» de la gestión de Rosario Lufrano sería Roberto Gambuzza, histórico vocero del publicista Pepe Albistur y a veces asesor de su esposa, la ministra Victoria Tolosa Paz, que cobra $826.500 por mes como gerente en la TV Pública, pero que no tiene oficina ni horarios de trabajo en el canal estatal.
Gambuzza asumió como gerente el 1 de marzo de 2020, según informó la empresa Radio y Televisión Argentina (RTA), ante un pedido de acceso a la información pública que presentó Clarín. Y desde abril de 2021 reporta al director ejecutivo del canal, Claudio Martínez.
Poco antes de asumir el cargo en RTA, en febrero de 2020, Gambuzza viajó a Chapadmalal con la primera dama Fabiola Yañez, a quien asesoró sobre temas de comunicación. Al año siguiente fue uno de los referentes de la campaña electoral de Victoria Tolosa Paz. Desde hace ocho años es el vocero de Albistur. Y cerca de Gambuzza aseguran que no cobra por esos trabajos, ya que son parte de su «compromiso militante».
Pero ningún empleado de prensa y relaciones públicas recuerda haberlo visto a Gambuzza por las oficinas del área en el canal, jamás se lo vio en los actos oficiales de la TV Pública, ni los empleados recuerdan haber recibido alguna instrucción suya en estos tres años de gestión, donde su último recibo de sueldo fue de $826.500.
De hecho, quien ocupa el rol que debería tener Gambuzza es Agustina Zeballos, directora de Relaciones Institucionales y Prensa de RTA, la empresa estatal que maneja la TV Pública y Radio Nacional, que está a cargo de Rosario Lufrano.
Los empleados consultados plantearon que, en un primer momento, les dijeron que Gambuzza no iba a trabajar al canal por la pandemia de Covid, ya que justo en marzo de 2020 el presidente Alberto Fernández decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).
Pero el funcionario siguió sin ir al canal, una vez que se levantó la cuarentena, pese a que nunca presentó ningún certificado médico para justificar sus inasistencias al lugar de trabajo, donde le pagan más que a un diputado o a un senador nacional.
«Gambuzza fue designado mediante Acta de Directorio de RTA en el cargo de Gerente de RRII y Prensa de Canal 7. El agente presta servicios en el cargo Gerencial antes mencionado y quien suscribe el presente informe certifica los servicios de todos los Gerentes de la Unidad de Negocios Canal 7. El Área de Prensa y Comunicación cuenta con espacios de trabajo para los agentes del sector. En las mismas dependencias se encuentran los espacios necesarios para cumplir los roles y funciones que implique la tarea», informó la Dirección Ejecutiva de la TV Pública, a cargo de Claudio Martínez, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública.
Sin embargo, Gambuzza sostuvo lo contrario. Dijo que «las tareas vinculadas a las relaciones institucionales de la dirección ejecutiva del canal no son tareas vinculadas a la presencia en una oficina».
«No utilizo ninguna oficina en particular, porque las tareas que realizo implican reuniones y dinámicas diversas en otras oficinas y espacios de trabajo. Los gerentes tenemos ciertas prerrogativas por nuestra función. Y en función del plan de gestión determinamos cómo, cuándo y dónde es conveniente realizar nuestra tarea», aseguró Gambuzza.
Y agregó: «Las relaciones institucionales son una herramienta política de la gestión. Mis tareas tienen que ver con el planteo de estrategias, la realización y elaboración de proyectos, como la refuncionalización de los objetivos de las relaciones internacionales del canal, proyectos vinculados a eventos como los 70 años de la TV, refuncionalización del observatorio como usina de formación, establecimiento de relaciones con los medios públicos del interior del país, creación de una red de contactos entre las gerencias de noticias de canales públicos de todo el país y tareas que hacen al rol en virtud de lo que demanda la gestión».
«Es potestad de la gestión del canal y de la empresa determinar el rol que le asigna a cada funcionario en función de las necesidades de su proyecto. En mi caso, el diseño orgánico de la empresa permitió diferenciar los roles vinculados a prensa y eventos, de otras tareas propias de las relaciones institucionales. Las tareas de prensa, eventos y dinámica diaria del área son encabezadas por la dirección de RTA. Y en mi caso, la gestión determinó que mi rol sea de asesoría directa de los directores ejecutivos del canal, ya sea en la gestión de Alvarez como ahora en la actual», concluyó Gambuzza, ante la consulta.
En los últimos años se dieron también otras situaciones polémicas con directivos de la TV Pública, bajo la gestión de Rosario Lufrano.
Hubo un caso opuesto al de Roberto Gambuzza: el periodista Carlos Asnaghi, que no cobraba sueldo, pero negociaba contratos por $175 millones, en nombre de la TV Pública. Iba casi todos los días a trabajar al canal y compartía oficina con el gerente de Deportes, pero lo hacía «ad honorem» definiendo cómo iba a cubrir la TV Pública la Copa América. Cuando se publicó su caso, hace dos años, Asnaghi fue desplazado de ese lugar.
Muchos empleados de RTA, la empresa que maneja la TV Pública y Radio Nacional, recuerdan los procesamientos de los funcionarios Guillermo Siaira, Ernesto Molinero, Alejandro De La Torre y Ariel Berliner, por el retiro irregular de $11,4 millones en bolsas en efectivo para la miniserie Los amores prohibidos de Belgrano, de los cuales dos renunciaron y los otros dos fueron despedidos «con causa».
Ese caso, revelado hace casi dos años, provocó además la renuncia de dos directores ejecutivos de la TV Pública: Eliseo Alvarez, que sufrió picos de presión cuando estalló el escándalo; y Leo Flores, que duró solo una semana en el cargo por presiones ideológicas de sectores ultracristinistas.
El caso de las bolsas con dinero también permitió detectar la designación irregular de Rolando Oreiro como «auditor militante» de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en la TV Pública.
Es que el auditor debía investigar el retiro ilegal de los $11,4 millones, pero había sido designado en forma irregular a principios de 2020, ya que había falseado su declaración jurada, omitiendo que había tomado un retiro voluntario por $2.738.469 como auditor del INCAA en 2018 -lo cual le impedía volver al Estado-, que terminó de cobrar pocos meses antes de asumir en RTA. Cuando se publicó esa investigación, fue echado el «auditor militante».
Los salarios de los empleados en los medios públicos es uno de los principales rubros donde pone el foco la oposición, ya que sus dirigentes aseguran que gran parte del déficit se debe a los gastos que tienen en empleados y directivos, que no se cubren con ingresos publicitarios, y a que sus sueldos suelen estar por encima del promedio que se paga en la industria del sector audiovisual.
El 74% de los gastos operativos de RTA corresponde al rubro salarial, para pagar a 2.409 empleados de la TV Pública y Radio Nacional.
El jefe de Gabinete, Juan Manzur, informó al Senado a fines del año pasado que la Televisión Pública tenía 1.071 empleados, de los cuales el sueldo bruto promedio superaba los $300.000 (la agencia Bloomberg los situaba en $421.000 por cada empleado de RTA) y catorce directivos cobraban más que el presidente Fernández, como Rosario Lufrano, con $1.267.155 mensuales.
Uno de los funcionarios que más cobra en la TV Pública es Roberto Gambuzza, el vocero de Enrique «Pepe» Albistur, exsecretario de medios de Néstor Kirchner, quien no cobra por su tarea junto al amigo cercano del presidente Fernández (quien vivía de prestado en su departamento de Puerto Madero) ni por su militancia junto a su esposa, la ministra Tolosa Paz, pero recibe un jugoso salario de la TV Pública, que supera al que cobran diputados y senadores.
La empresa que maneja Lufrano viene incrementando sus pérdidas de manera exponencial y está previsto que este año el Gobierno aumente un 136% las transferencias a RTA, acumulando un aumento de 699% durante toda la presidencia de Alberto Fernández, de acuerdo con los cálculos de Bloomberg.
Las transferencias del Tesoro Nacional a RTA se incrementarán desde los $2.502 millones, en el último año de la gestión de Mauricio Macri, hasta los $20.000 millones que tiene previsto transferir el Gobierno este año.
Lufrano tiene previsto cubrir las pérdidas operativas de RTA con $20.000 millones aportados por el Tesoro Nacional y $4.843 millones que girará el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), según el presupuesto aprobado por el Congreso.
Ese presupuesto contempla que los ingresos publicitarios de RTA sean este año de $930 millones, con gastos de $24.944 millones. /Clarín /(InformateSalta)
