Mujeres víctimas de violencia de género denunciaron que deben dejar $10 mil pesos, casi el 20% de la ayuda, a gestoras del plan nacional.
Los rumores que siempre corren sobre el manejo y el direccionamiento de planes sociales que vienen de Nación se han transformado ahora en otro escándalo en el norte de la provincia. Con el contexto del pedido del fiscal federal Guillermo Marijuan para que la Justicia suspenda el pago del polémico Potenciar Trabajo por serias irregularidades detectadas en una investigación preliminar en todo el país, aparece este escándalo en Tartagal donde, además del plan mencionado, el programa Acompañar también asoma con graves sospechas.
Es por eso que el titular de la oficina local de Anses, Santiago Moyano, pidió públicamente que se hagan las denuncias en la Justicia, más específicamente en el Escuadrón 52 de la Gendarmería Nacional. De comprobarse que las damnificadas -el programa en cuestión involucra a mujeres e integrantes de minorías LGBTI+- dicen la verdad, tendría que actuar la Justicia Federal.
Pero por el momento nadie actuó de oficio, no se requirió que los comunicadores que se entrevistaron con las denunciantes aporten datos ni se citó a estas mujeres para que expongan lo mismo que expusieron en los medios informativos.
Testimonios
Se denunció en los medios locales que funcionarias de la Dirección de Género y Diversidad, a cargo de Carla Cordero, les hacen quedar parte de lo que cobran por ser beneficiarias del programa nacional Acompañar. Dieron nombres y otros detalles de las maniobras que involucran a esas funcionarias. Acompañar es un programa nacional de apoyo económico por el lapso de 6 meses. Las beneficiarias perciben unos $52.000 mensuales, equivalente a un sueldo mínimo vital y móvil. Está dirigido en forma exclusiva a mujeres que se encuentran en contexto de violencia de género, luego de haber formalizado denuncias penales contra sus agresores. Es una forma que el Estado encuentra para que las mujeres y sus niños dejen de depender en cuestiones básicas -alimento por caso- de quien es su agresor, al menos durante 6 meses. Establece también que los gobiernos provinciales y locales que realizan las gestiones para incorporar deben brindar la contención y el acompañamiento integral en materia psicológica y social para estas víctimas de un flagelo que aumenta todos los días.
«Yo soy víctima de violencia de género y no había hecho la denuncia en la Policía, pero me enteré que había una mujer, Sandra Domínguez, de la oficina de Carla Cordero que funciona en la terminal, que anotaba para tener este beneficio. En mi caso, como no tenía denuncia para darme el beneficio, tenían que hacerme una denuncia falsa. A cambio de eso yo tenía que entregarle $10.000 cada vez que cobrara. Yo solo tenía que darle los datos míos y del agresor y ellos hacían todo», dijo una mujer.
En su declaración al periodista Julio Nogales refirió: «Esa señora me inscribió en febrero y en dos meses comencé a cobrar. Un día antes de que salga el cobro ella ya sabía la fecha y me dijo que no me olvide de pagarle los $10.000. Le pregunté si era por única vez y ella me dice que no, que era por 6 meses. Por eso le hice la transferencia a una cuenta que no es de ella sino del hijo, según me indicó, creo de apellido Hurtado».
La joven, mamá de varios niños, dijo también que no quiso dar nombres para no exponerse ni a ella ni a sus hijos: «Hablé en el mes de mayo con la señora Carla Cordero porque todos me decían que yo no tenía que pagarle a nadie. La llamé el segundo mes que Sandra Domínguez me volvió a exigir que le diera los $10.000. Le di todos mis datos, el nombre de la mujer que trabaja con ella y me exigía el dinero. Le mandé las capturas de los chats, pero nunca respondió. Ellas tenían un grupo donde se las convocaba para ir a las marchas, pero nunca me incorporaron en ese grupo. Me enteré de varias mujeres a quienes les cobraban, pero ninguna hizo denuncias porque todas teníamos miedo de que nos saquen el beneficio porque la propia Sandra Domínguez me advirtió que si no pagaba, me eliminaban del grupo».
La mujer aportó como prueba la captura de pantalla, la misma que desde el mes de mayo le compartió a la directora de la Diversidad Carla Cordero. «Yo pagué una sola vez porque me di cuenta de que no correspondía que les diera plata», expresó la humilde mujer. Según la captura de WhatsApp, la mujer (Sandra Domínguez) le prometía que si pagaban ese dinero tenían asegurado su pase al Plan Potenciar, que a diferencia de Acompañar no tiene plazos y que se creó para mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas a través de la terminalidad educativa y la formación laboral de quienes están en situación de vulnerabilidad.
Maniobra revelada
«Tengo una vecina que vive en Mosconi, que a las mujeres nos pide toda la documentación para que en Tartagal consigamos el programa Acompañar. Las que somos de Mosconi ya vamos cobrando el cuarto mes y entregamos cada una $40.000: mensualmente estamos cobrando $54.000», le relató al periodista una mujer residente en el barrio 111 viviendas de esa localidad. «La señora a la que le tenemos que pagar se llama Eliana Ruiz y vive en Tartagal», dijo la joven.
«En el caso de que una no sea víctima de violencia de género, eso no importa porque ella igual te hace los papeles para cobrar, pero hay que darle los $10.000 mensual. Nos dice que dejemos la plata en la casa de su mamá. Solo en el barrio somos cerca de 20 chicas, pero no necesariamente son víctimas de violencia de género. Algunas son mamás solteras. El único requisito que nos pedían era el DNI, el alta de Anses y que paguemos mensual».
«Que no me rompan las pelotas»
Cordero, en defensa de la oficina que dirige, cargó las tintas contra el concejal Nicolás Arce con duras acusaciones contra el edil, quien meses atrás había presentado un pedido de informes. «Todos saben acá lo que él hace cuando sale del boliche, le da alcohol a las menores. ¿Por qué ustedes los periodistas no investigan porque acá todos saben lo que hace ese chiquito? Él odia a las personas gordas y de todo lo voy a denunciar, que a mí no me rompan las pelotas», manifestó totalmente fuera de sí.
Las mujeres víctimas de violencia -precisamente por su misma situación- no deben ser expuestas y ni siquiera la Justicia da a conocer sus identidades porque la diferencia entre exponerlas o no muchas veces significa para ellas la vida o la muerte. Pero Carla Cordero no tuvo inconveniente en llevar a un grupo de estas mujeres al canal de televisión local , algunas con sus niños en brazos, para mostrar el apoyo que recibe por su trabajo. Esto le valió la reprimenda del conductor del programa de televisión local Julio Marín, pero la funcionaria respondió difundiendo el teléfono del periodista y, según interpretó Marín, «para que me agredan y me insulten por haberle dicho lo que pienso». /El Tribuno
