María José Herrera puso en venta una practicuna por Facebook por $9000. Por el cuento de que le habían transferido $900000 por error despertó a una pesadilla.
La profesora de Artes María José Herrera (39) quiso vender una practicuna a través de Marketplace de Facebook. Le puso un precio de $9000 y pronto recibió por Messenger los mensajes de una potencial clienta, Margarita, quien le pidió su whatsapp para arreglar la venta por allí. Hubo algo en la voz que le llegaba a través de audios, de abuela bien intencionada, que a María José le hizo perder la cautela. Le dio el CBU y sus datos como titular de cuenta para que le transfiriera el dinero y pronto recibió la alerta de la señora de que la hija de esta le había depositado, por error, $900000. Además, llorando, le suplicaba que hablara con su supuesta hija para que juntas solucionaran el problema. De inmediato, Herrera atendió a la presunta hija de su clienta. Esta le dijo que aguardara la llamada de un agente de Itaú, entidad donde ella tenía cuenta. Y al cortar con esta mujer apareció el empleado bancario. «Se comunicó conmigo el supuesto bancario que me tuvo en el celular como dos horas sin que corte la llamada. Él alegaba que yo no podía cortar porque se cortaba la transacción y un montón de detalles más», contó María José a El Tribuno.
Ella no lo sabía, porque jamás se había topado por ningún medio con alguna publicación de estafados a un nuevo tipo de cuento del tío, la que apunta directamente a los emprendedores que venden sus productos a través de Instagram o a quienes lo hacen a través del Marketplace de Facebook: la estafa de la transferencia bancaria.
En primer lugar el malviviente detecta a alguien que ha puesto para la venta algún objeto en una plataforma online. Se hace pasar por un supuesto interesado que se comunica con la víctima para consultarle el precio del producto y tras acordar la transacción, le pide el CBU y el DNI para hacerle la transferencia correspondiente. Entonces es cuando el comprador «se equivoca» y le transfiere «por error» un monto varias veces superior. Así, en un momento muy emocional, le pide que le devuelva la diferencia al CBU de un tercero o algún canal extrabancario, generalmente aduciendo algún motivo en particular. Como el vendedor se precia de honesto -y sin dudas es confiado- le devuelve el dinero depositado sobrante -a través de un empleado bancario que lo trabaja de apuro y no le da respiro solicitándole datos personales como usuario, contraseña, pin, clave token, etc., en pos de la agilidad de la devolución- y sigue con su vida. Pronto descubre que de la cuenta le han estado realizado débitos a nombre de alguna entidad crediticia y ahora es deudor de uno o varios créditos que nunca tomó. Todo esto es posible porque algunas financieras online otorgan créditos con requisitos mínimos: CBU, DNI y un número de teléfono. Estas facilidades otorgan a los estafadores una valiosa herramienta para hacerse del dinero ajeno.
«Entraron a mi homebanking, me extrajeron la mitad de mi sueldo y solicitaron dos préstamos e inmediatamente hicieron dos transferencias, una de ellas al Banco Nación. Hice la denuncia en la tercera, y cuando el policía escuchaba lo sucedido me dijo que ya conocían ese procedimiento», señaló María José, quien el 30 de diciembre pasado hizo la denuncia por estafa en la Fiscalía Penal 2. «Esta gente me ha sacado dos préstamos de 729.000 a pagar en 60 cuotas de 60.000, lo que hace un total de 3.600.000 pesos, cuando cada vez que operaba por cajero me emitían un préstamo preaprobado de 600000. Entonces evidentemente el banco está siendo fácilmente vulnerado, ya que cómo pudieron haber permitido tanto movimiento en cuestión de minutos y sobre todo haber sacado un monto que excedía lo estipulado. No me cabe en la cabeza pensar que tengo que hacerme cargo de algo que jamás pedí. No le debo nada a nadie, hace años me vengo dando vuelta con mi sueldo cuidando el mango, priorizando a mi hija y velando por mi vieja. No es justo, no es justo, no es justo», se lamenta María José, quien también ha acudido a la Subsecretaria de Defensa del Consumidor, donde ha buscado asesoramiento; ha dado parte del suceso a la flamante Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia y al Banco Macro, donde tiene su cuenta sueldo; y también ha ingresado en un grupo de ayuda nacional para víctimas de estafas 2.0.
«Fui al banco de la Belgrano entre Zuviría y Mitre, donde me atendió una chica muy amable. Le relaté tal cual habían sucedido las cosas y a medida que lo hacía me iba diciendo: ‘Así hacen’. La respuesta a mi reclamo fue que lo extraído de mi cuenta sueldo está difícil recuperarlo, pero que el préstamo muy probablemente no deba pagarlo. De todos modos debo hacer el seguimiento de mi ‘desconocimiento’ al 0800 del Macro. Cómo me hubiera gustado leer esta tipo de experiencia. ¡Me hubiera ahorrado tanto disgusto! La virtualidad generó todo un movimiento en la gente viva, que encuentra en el delito virtual una nueva modalidad de trabajo. Todo el tiempo que estuve con el supuesto agente bancario fue por que me preocupaba que a una señora de edad -que me dijo que se había tomado la pastilla- pudiera pasarle algo», concluyó.
Un terreno propicio para el delito
Datos acerca del impacto de la virtualidad le dan la razón a María José. Durante abril de 2020, 2,6 millones de usuarios se incorporaron al sistema de transacciones de dinero a través de medios digitales, de acuerdo con un estudio de Uso del Dinero Electrónico realizado por la Red Link. Y según el último informe del Banco Central, el celular es la plataforma más elegida por los usuarios de servicios financieros a la hora de realizar transferencias de dinero. Además, 6 de cada 10 transferencias se realizan a través de teléfonos móviles. En octubre pasado el 54% de las transferencias inmediatas (88 millones de operaciones) tuvo como origen o destino una billetera virtual. Ese mismo mes se realizaron 162,8 millones de transferencias, lo cual representa un aumento del 7,1% respecto de septiembre y más del doble que en octubre de 2021. Adicionalmente, los pagos realizados desde la Banca Móvil representan el 60% de la cantidad de operaciones realizadas, cuando en agosto era del 57% y a fines del 2021 apenas superaba el 53%.
La subsecretaria de Defensa del Consumidor, Dra. María Emilia Calmejane, señaló a El Tribuno que ellos brindan asesoramiento jurídico gratuito crucial desde el momento en que la persona advierte que cayó en una estafa de este tipo. «Hacemos un trabajo preventivo para advertir a los usuarios sobre el resguardo de sus datos de tarjetas y en el caso de ser víctima los primeros pasos son los de comunicarse con la entidad bancaria o financiera para denunciar este hecho, luego realizar la denuncia penal formal en la Policía y después solicitar la audiencia en Defensa del Consumidor a los fines de gestionar la anulación de créditos o préstamos que pudieran haberse contraído por terceros», detalló. Agregó que en 2022 recibieron 46 casos relacionados con robo de datos, de los cuales el 70% se resolvió favorablemente para el consumidor, mientras que el resto aún se dirime en la Justicia. «En este sentido siempre es importante la prueba que se genera en la instancia, ya que las declaraciones que pueden quedar asentadas en las actas hacen plena prueba en juicio», advirtió. Consultada acerca del porqué es tan sencillo que un usuario virtual pueda obtener un préstamo que en presencia en sucursal se torna un trámite poco ágil y con varios requisitos y si esto está reñido con la normativa del derecho, que supone que para cualquier tipo de préstamo el solicitante siempre tiene que ir y firmar personalmente, rubricar firma ológrafa o en todo caso firma digital, enunció que el 1 de julio de 2021, a través de la Comunicación 7319, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ordenó a las entidades financieras reforzar las normas de seguridad de los datos personales para preaprobar créditos a través de canales electrónicos.
«La normativa que se invoca en estos casos es la del art. 42 de la Constitución por la protección de seguridad e intereses económicos y el art. 5 seguridad en sentido estricto, el art. 6 de advertencia y el art. 40 responsabilidad por el riesgo de la cosa de la Ley de Defensa del Consumidor 24240 porque es la entidad la que impone a los usuarios sistemas como el homebanking y por ello también es responsable de los riesgos», señaló. Y aunque recomendó a los usuarios nunca brindar datos de sus tarjetas a nadie, ni por vía telefónica ni por correo electrónico, resguardar los datos de homebanking, no perder de vista la operación cuando se efectúa un pago con tarjeta ni aceptar promociones, sorteos o depósitos de dinero en cajeros con supuestamente algún tipo de beneficio, no les restó responsabilidad a las entidades bancarias. “El banco siempre será responsable de verificar que es el titular quien contrata porque está a cargo de la plataforma por la cual se realizan todos los movimientos y la administración de ahorros y a esto no todos lo cumplen”, concluyó. /María de los Ángeles Rojas/El Tribuno
