En una aparición de última hora, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, logró vencer las resistencias de la oposición dialoguista; se podrán tratar los proyectos en el recinto la semana próxima; el Gobierno cedió cambios en Ganancias y en la Ley de Minería
Tras una jornada cargada de tensión y negociaciones de último minuto, el Gobierno logró un acuerdo para destrabar la resistencia de varios senadores de la oposición dialoguista y tendrá los dictámenes de comisión que habilitarán a los proyectos de Ley Bases y de reforma fiscal. Una vez cumplimentado este paso, lo que ocurrirá este jueves, el oficialismo podrá convocar a sesión para la semana próxima para tratar ambas iniciativas.
La situación terminó de destrabarse luego de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la vicepresidenta Victoria Villarruel se reunieran esta noche la presidencia de la Cámara alta con los senadores José María Carambia (Por Santa Cruz), Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital) y el peronista disidente Edgardo Kueider (Unidad Federal-Entre Ríos). Los tres terminaron estampando sus rúbricas en disidencia parcial, y así el proyecto de Ley Bases alcanzó la mayoría necesaria para obtener dictamen.
Al proyecto de reforma fiscal le faltaba una firma, que voceros oficiales aseguraban que estaría concretándose en las próximas horas. La decisión de que estén los dos dictámenes juntos fue lo que llevó a postergar su presentación oficial.
El paso clave para terminar con las ultimas resistencias fue la decisión del Gobierno de concederle al santacruceño la modificación que venía reclamando en la Ley de Minería. Carambia pedía la inclusión en la denominada Ley Bases de una cláusula que elevara las regalías en boca de mina que podrán percibir las provincias. En un intento por destrabar las negociaciones, el Gobierno aceptó subir esos aportes del 3% actual al 5%. Al final, el cambio fue introducido como una modificación del proyecto de reforma fiscal.
En el caso de Tagliaferri, la senadora de Pro había reclamado cambios en el blanqueo, como la eliminación de los testaferros, que fueron cumplimentados a medias, por lo que terminó firmando en disidencia parcial. Priorizó en su decisión el hecho de que había logrado su objetivo de mejorar la ley, en particular en relación con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en donde logró que el Gobierno aceptara que se atendiera a la cadena de valor productiva local de los proyectos que se acogen al beneficio y la eliminación de la cláusula que consideraba nula de nulidad absoluta las legislaciones provinciales que se opusieran al programa que impulsa el Poder Ejecutivo.
También jugó a favor de acallar la rebeldía de Carambia el hecho de que, por la mañana, el oficialismo había aceptado incluir la elevación del mínimo no imponible en un 22% por zona desfavorable para la Patagonia en el pago de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. El beneficio para la región no había sido considerado cuando el proyecto, que restituye el pago del tributo para los asalariados, se trató en la Cámara de Diputados.
La intervención de Francos y Villarruel terminó por dar un giro de 180 grados a una situación que se había complicado a media tarde, cuando el oficialismo intento forzar la firma del dictamen sin tener asegurados los respaldos necesarios y terminó forzado a pasar el plenario de comisiones a cuarto intermedio.
Es que para ese momento, Carambia había anunciado poco antes de que comenzara la reunión y por nota que, disconforme porque no le habían las modificaciones que había reclamado, presentaría “oportunamente” un dictamen en minoría.
Minutos después, ya durante el plenario de comisiones, el radical Martín Lousteau (Capital) terminó de asestarle el golpe de gracia a lo que se perfilaba como un nuevo fracaso del Gobierno. Al reiterar sus críticas a la iniciativa, dijo que los cambios aceptados por el Ejecutivo eran “meramente cosméticos” y confirmó que seguiría el mismo camino que el legislador patagónico.
Las posturas de Carambia y Lousteau cerraban la puerta a la posibilidad de que el proyecto de Ley Bases pudiera tener dictamen, ya que quedaba empantanada al no alcanzar que se pronunciara, a través de uno o varios despachos, la mitad más uno de los 17 miembros de la Comisión de Legislación General. También participan del debate las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
Enterados de que el proyecto no tendría la luz verde, otros senadores decidieron retacear su firma, a la espera de que se aclare el panorama. Así fue como tampoco sumaron su apoyo durante el plenario Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), el peronista disidente Edgardo Kueider (Unidad Federal-Entre Ríos).
Frustrado su intento de lograr el avance de la Ley Bases, el oficialismo terminó por pasar a cuarto intermedio el plenario. Poco después, comenzó una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en la que se discute el proyecto de reforma fiscal.
En ese encuentro, que duro poco más de media hora, el oficialismo anunció el cambio en la Ley de Minería que venía reclamando Carambia, tras lo cual el presidente de la comisión, el oficialista Ezequiel Atauche (Jujuy), también debió pasar a cuarto intermedio la reunión ante la incertidumbre sobre si estarían las firmas para darle dictamen a la reforma fiscal.
Todo cambió en la hora posterior a lo que parecía un nuevo fracaso. Así, el oficialismo logró que firmaran el dictamen de Ley Bases los oficialistas Atauche, Bartolomé Abdala y Juan Carlos Pagotto y los radicales Rodolfo Suárez, Mariana Juri, Pablo Blanco, Víctor Zimmermann, Flavio Fama y Eduardo Vischi. Por el Pro pusieron su rúbrica Luis Juez, Tagliaferri y Beatriz Avila, a los que se sumaron los peronistas disidentes de Unidad Federal Kueider y Alejandra Vigo, y Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta) y los provinciales Carambia, Sonia Rojas Debut (Frente Renovador de Misiones) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro). / Gustavo Ybarra /LA NACION–Foto;Parlamentario.com
