Las balaceras y asesinatos vinculados al narcotráfico se convirtieron allí en hechos cotidianos. Ni los cambios de ministros o los envíos de fuerzas federales lograron frenar un foco de criminalidad que irradia a todo el país. La pelea Aníbal Fernández-Omar Perotti y el relato escalofriante de una fiscal
La violencia narco fuera de control en Rosario expone como pocas cosas la impotencia y los límites del Estado argentino. Es un fenómeno, el de la criminalidad multirubro asentada en el poder del tráfico de drogas, que el gobierno provincial y el nacional no lograron conjurar y que en los últimos 20 años lo único que hizo fue empeorar.
Pero en las últimas semanas, la tendencia pareció acelerarse, tanto en cantidad como en la crueldad de los hechos, y encendió una señal de alarma que, sin embargo, no provocó ninguna decisión política de alto impacto, ni siquiera la suspensión de los aprestos de campaña que tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio están a la orden del día.
Lejos de convocar en el Congreso a apurar los nombramientos de las decenas de cargos de jueces y fiscales que se necesitan para atender una escalada peligrosa en toda la provincia de Santa Fe, oficialismo y oposición estuvieron enfrascados en discutir un proyecto de juicio político a todos los jueces de la Corte Suprema.
Además, la decisión del gobernador de Santa Fe, el peronista Omar Perotti, de echar a su ahora ex ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, y designar al reemplazante fue una ocasión oportuna para que se produjera un cruce público y con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien le recriminó su pedido urgente de ayuda.
De esa pelea peronista -donde se entremezclan también cuitas que tienen que ver con la interna nacional- no estuvo ajeno el intendente de Rosario, el radical Pablo Javkin, quien demandó también la llegada inmediata de más policías para brindar seguridad a vecinos que viven aterrados y son testigos mudos y espantados de asesinatos, extorsiones y balaceras que ya se cometen con brutal desparpajo.
De hecho, el alcalde rosarino reveló que los últimos tiroteos que hubo contra el frente de locales -uno de ellos un banco- fue cometido por jóvenes que llegaron al lugar del hecho en bicicleta y otro caminando. Ninguno de los dos fue, hasta este viernes, identificado ni, menos, detenido.
La crisis de seguridad en la tercera ciudad de la Argentina en cantidad de habitantes -sólo detrás del Capital Federal y de Córdoba- se devoró tres ministros. La noche del miércoles asumió el ex gendarme Claudio Brilloni -que tuvo un desempeño reconocido en la zona durante la gestión de Patricia Bullrich- para reemplazar a Rimoldi, pero los episodios de violencia criminal, lejos de frenarse, continuaron, como si nada.
Según informó Agustín Lago en Infobae, en la zona norte un ladrillero terminó asesinado de cinco tiros, mientras que una sucursal del Nuevo Banco de Santa Fe fue atacada también a tiros y una clienta que estaba en la zona de los cajeros automáticos terminó con una herida de bala en una pierna.
Valeria Haurigot, la fiscal de la Unidad Especial de Balaceras -penosa originalidad rosarina de tener una oficina específica para investigar un delito que se repite con pasmosa secuencialidad- advirtió que debido a la descomposición del Servicio Penitenciario, “se cometen más delitos poniendo a los criminales presos”.
Contra toda lógica, tener más criminales presos no hace bajar los delitos sino todo lo contrario. “Desde ahí tienen poder de cooptar la voluntad de lo que están en la calle”, contó anoche en televisión. Y reclamó no sólo el aporte de más efectivos de fuerzas federales, sino que se tomen medidas para impedir que las cárceles se conviertan en guaridas desde donde se organicen ilícitos violentos.
Estas escalofriantes declaraciones, sin embargo, ocurren luego de una panorama aun más desolador que describió el presidente de la Suprema Corte de la provincia.
“Esto no va a cambiar si no se acepta el problema, si no se reconoce. Si no se asume, no voy a poder nunca pensar en una solución y a esto tiene que hacerlo la política”, afirmó, pero la declaración que generó mayor impacto y que todavía resuena fue: “Se ha perdido el control del territorio”.
El juez del máximo tribunal advirtió que para enfrentar esta situación se requiere de “un compromiso político y de los poderes públicos, que dejen por un momento las elecciones de lado, las especulaciones electorales, y que de una vez por todas nos sentemos a consensuar una estrategia sostenida en el tiempo”.
Cruce político
Lejos de atender ese reclamo angustiante, Aníbal Fernández y Perotti se trenzaron en una discusión digna de mejor causa y que todavía no está concluida. Si bien el ministro de Seguridad tuvo entre sus prioridades atender la situación de Rosario -de hecho fue a uno de los que primero recibió cuando asumió en 2021- la relación entre ambos se fue enfriando al punto de casi ser inexistente.
Se trató de un roce a cielo abierto, mediante declaraciones en los medios y en redes sociales.
“Asombran las expresiones del gobernador Omar Perotti que echó al ministro de Seguridad de Santa Fe y reclama ‘ayuda urgente del gobierno nacional’”, escribió Aníbal Fernández en Twitter y le agregó una infografía con datos de cantidad de efectivos enviados a la provincia y el resultado de las intervenciones realizadas por ellos.
Según ese reporte, a Rosario fueron enviados 3.693 que realizaron algo más de dos mil procedimientos, que derivaron en la detención de 2077 personas. También indicó que fueron incautados casi 1700 kilos de cocaína, 84 kg de marihuana y 7.780 unidades de drogas sintéticas.
Más allá de que Aníbal Fernández se comprometió a mantener la asistencia, Perotti reaccionó de manera ácida a las expresiones del ministro de Seguridad de la Nación: “Si esa es toda la ayuda que puede dar, no cabe duda, hay que decirle que no alcanza”.
Y se permitió el gobernador de Santa Fe -que también mantiene una tensa relación con el presidente Alberto Fernández- manifestar que “la distancia no les permite ver la magnitud de lo que está pasando en el territorio argentino”
Crisis de seguridad y elecciones
La gravedad de la crisis de seguridad en Santa Fe escaló después de un episodio que expresó de modo cruel el nivel al que está llegando la violencia ligada al narco, aunque en los últimos tiempos se tratan de bandas criminales multirubro que se dedican, en simultáneo, a la extorsión, el sicariato y, también, la venta de droga.
El hecho que sacudió a la provincia fue el crimen brutal de Lorenzo “Jimi” Altamirano, un joven de 28 años, artista callejero, que fue secuestrado al azar, asesinado de tres tiros y abandonado frente al sector de parrilleros de la cancha de Newell’s Old Boys. El único objetivo, presuntamente, era dejar una nota con un mensaje a integrantes de la barra brava de ese club, que están presos y tienen vinculos con Los Monos.
“Acá hubo un error de raíz. Quisieron hacer un pacto con bandas narcos. Pero con esta gente no se puede hacer ningún acuerdo, son asesinos sin el menor atisbo de humanidad. Matan por matar. Y si a la Policía, encima, no se la conduce, tenés un cóctel explosivo”, le dijo semanas atrás a Infobae un especialista que trabajó en ese territorio caliente.
La solución que planteó para frenar la violencia narco resuena, después de meses: “Es con la ley, pero con las armas. Y buscando la plata, que es en lo único que les duele”, afirmó. /Facundo Chaves/Infobae /Foto La Voz
