La práctica de un esquema feudal es una de las principales críticas al gobernador Ricardo Quintela, que controla la Legislatura; la oposición, que conduce la intendencia de la capital, denuncia la falta de empleo genuino y un avance sobre la Justicia
“Bienvenidos a tierra federal”. Así recibe La Rioja, gobernada por el peronismo desde el regreso de la democracia, en diciembre de 1983. Desde el tercer mandato de Carlos Menem -dejó el cargo faltando unos meses para asumir la presidencia de la Argentina- se habla de un esquema “feudal”, de “clientelismo” y de un Estado que no genera riqueza sino que distribuye lo que recibe de la Nación. El actual gobernador, Ricardo Quintela rechaza esas carátulas, se enorgullece de la omnipresencia del Estado, reivindica sus decisiones -incluso el nombramiento de familiares en su administración y en la Justicia- e ironiza con los que lo tratan de “chavista”.
En el Memorial de Facundo Quiroga -inaugurado en octubre pasado en el Parque de la Juventud, uno de los siete de la ciudad capital realizados en esta administración- dice que la batalla del Pozo de Vargas (la rebelión del norte sobre las fuerzas nacionales que respondían a Bartolomé Mitre, en 1867) “no es la última, sino la penúltima. La última es la que protagonizamos ahora”.
Maquinarias, logos, cartelería y ropa de trabajo provincial es rojo. “Por federal, no por chavista”, vuelve Quintela. Se mueve cómodo entre los vecinos; se hace fotos con ellos; llama funcionarios cuando le reclaman; reparte citas para que lo vean en la residencia y entrega unos billetes cuando algunos le piden “para la Coca”.
En la oposición sostienen que “se cree la reencarnación” de Quiroga. Están los que añaden que el quintelismo es al kirchnerismo “lo que el rococó al barroco, una exageración de lo exagerado”. Otros definen al modelo como una “cooperativa del poder”. Pocos hablan con nombre y apellido porque la dependencia del Estado -directa e indirecta- es alta.
El oficialismo cuenta en la Legislatura con 32 de los 36 representantes y la ciudad riojana más importante que gobierna la oposición es la capital. La intendenta radical Inés Brizuela y Doria, lleva meses de enfrentamiento con la provincia y dos imputaciones judiciales. El “manejo” del Poder Judicial es una de las acusaciones más fuertes a Quintela.
En los últimos días aparecieron varias solicitadas con firmas de gremialistas y hasta de la Asociación de Escuelas de Gestión Privada con elogios al mandatario. “Nuestro gobernador Ricardo Quintela es uno de los máximos defensores del sistema federal, levantando la voz y la lucha en defensa de los derechos y garantías del desarrollo y crecimiento de nuestros pueblos del norte, históricamente olvidados y relegados”, termina el texto.
“Todo es plata, así se compra todo”, resumen los opositores y describen prácticas que Quintela admite y las caratula como “impulso” del Estado a los privados.
Dependencia del Estado
Con 450.000 habitantes, los estatales formales son 52.000 (incluyendo municipios), a los que se suman beneficiarios de distintos programas. Citando “fuentes del Tribunal de Cuentas”, la oposición apunta que se pagan “90.000 cheques” por mes.
También advierte que el 56% del salario estatal está conformado por ítems no remunerativos, entre los que se cuenta “la quincenita”, un adicional de mediados de mes. En total, $95.000 el inicial. Por ejemplo, el básico de un docente -según una escuela privada- es de $24.981, al que se le suman antigüedad, presentismo y otros indicadores. Con 25 años en el puesto, unos $100.000.
“Y si no alcanza para pagar la factura de la luz o de Internet, van al Gobierno y le ponen un sello para que no le corten el servicio. El problema lo tienen los que no dependen en nada del Estado. Al que ayudan lo controlan, no puede ni poner un like en una red social sin que le llamen y le pregunten”, grafica un radical.
Hay más gente que cobra del Estado que de privados. En octubre pasado, los asalariados registrados en el sector privado sumaban 31.823 (desestacionalizados), con un crecimiento del 12,4% interanual y un salario promedio de $133.000, el séptimo más bajo del país.
El presupuesto provincial de este año, aprobado por el oficialismo, asciende a $320.000 millones, una cifra que parece escasa, en función de las obras, planes, ayudas y empresas que sostiene la provincia. Quintela sostiene que el 65% de sus recursos son de origen nacional, pero sus dichos no coinciden con las cifras.
El año pasado, según Politikon Chaco, a partir de datos del Ministerio de Economía de la Nación, La Rioja recibió $126.617 millones por transferencias automáticas (6,2% más en términos reales que en 2021), lo que equivale a 1,9% del global. Por riojano son $313.620, la quinta más alta del país. Por giros automáticos fueron $36.768,5 millones (-2,1% de variación real anual), 4,5% del total, líder en el Norte Grande. Son $ 91.072,7 por habitante (la más alta del país). Por giros arbitrarios fueron $ 13.962,1 millones (+8,3% de variación real anual).
Los fondos propios por recaudación tributaria sumaron $13.962,1 millones (83% por Ingresos Brutos, 8,4% por Sellos, 7,4% por el impuesto automotor y 1,2% por el gravamen iInmobiliario). El aporte de las cargas patrimoniales está entre las más bajas del país. Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, sintetiza: “La recaudación propia del año pasado fue equivalente al 11% de los fondos recibidos por transferencias automáticas, siendo una de las provincias más dependientes de la Casa Rosada”.
El legislador provincial Gustavo Galván, de Juntos por el Cambio, subraya que los números provinciales son un “misterio”, que la información “nunca es clara” y que la oposición no partícipe de la Comisión de Presupuesto. Teresita Luna la integra, pero pasó de la oposición al oficialismo.
Empresas y dudas
En la provincia funcionan 40 empresas estatales -agrupadas bajo el slogan “Mejor riojanas-, que abarcan desde la producción de alimentos a servicios de Internet, pasando por una línea aérea, una fábrica de asfalto, otra de cristales y un supermercado. Sus números no tienen control parlamentario. Galván plantea que el déficit que generan es “millonario” y que “le compiten al privado deslealmente”.
“Se ha creado un Estado soviético. No se les cayó otra idea que hacer empresas estatales, las que fracasaron en el mundo y no solo en la Argentina, por la corrupción, la inoperancia y la ineficiencia. Este gobernador tiene un concepto bruto y que cuesta mucha plata, dice que a él no le importa el lucro económico sino el social”, describe el diputado nacional radical Julio Martínez.
Ejemplifica con Rioja Bus, la estatal que fue creada en vez de ayudar a dos compañías privadas de Chilecito y la Capital. “Pierde $200 millones por mes y compraron unidades sin licitación. Con el 10% de ese monto se hubiera podido subsidiar a los que estaban”, explica. Añade que, en vez de buscar una low cost aérea, “puso en marcha Alas Riojanas, que va dos veces por semana a Buenos Aires y pierde $60 millones mensuales”. Califica a la productora de alimentos Agro Andina como “otro elefante blanco, con un déficit de $2000 millones al año. No tuvo impacto en los productores. Podría haber hablado con los privados”.
El gobernador Quintela ratifica: “Apuntamos a la renta social, la potencialidad más grande que tienen las empresas del Estado es generar condiciones favorables para nuestra gente”. No da números concretos, plantea que algunas dan déficit y “otras no”.
En diciembre, a horas de la Navidad, abrió el supermercado estatal Acompañarte. Vende por unidades una cantidad de ítems más amplia que los de la canasta básica, con precios -señalan sus responsables- “hasta un 40% más bajos” que el resto. El gobernador revela que lo creó después de que detectó que la cadena local más importante “aumentaba” los productos horas antes de que empezara el pago de tarjetas sociales. “Ordené que no se permitiera comprar más con las tarjetas allí. Abrimos esto”, explica.
Los dueños de taxis -unos 1600 en la provincia- reciben la Tarjeta Andar por $17.500; la pueden usar para cargar combustible o comprar en comercios adheridos. Otro “impulso” del Estado, al igual que los $20.000 por empleado que la Provincia les dio a los comerciantes de la calle Pelagio Luna en la capital provincial, que estuvo intransitable por una obra.
Quintela expropió 38 lotes del Golf y allí construye un hotel de US$2 millones que le concesionará a la cadena Howard Johnson. Analiza hacer otros tres en Sanagasta, Dique Los Sauces y Los Llanos. Proyecta un polo gastronómico “para ayudar a los emprendedores, a los más chicos”, frente al Parque de la Familia, donde está próximo a inaugurar una sede que la provincia hizo para la Anses.
Hay en marcha diferentes planes de viviendas: el Angelelli que entrega casas gratis para reemplazar “ranchos”, uno de autoconstrucción (la provincia da materiales, lote y la dirección) y uno en altura (hasta tres pisos, para sectores medios). “Con [Mauricio] Macri hicimos 360 casas, con Alberto [Fernández], 4500″, destaca el gobernador.
“Todo es oscuro, hay tercerizaciones. Ya sea en las empresas estatales o por fuera de esas, las cajas más importantes de la provincia la manejan los quintelistas. Así nacen los nuevos ricos riojanos”, insiste Martínez. “Hay despropósitos; en una provincia en la que no hay agua, se inaugura un parque acuático”, aporta Galván. En el Gobierno le quitan importancia: “Es agua que se recicla, no consume todo el tiempo”.
En Chamical, a 140 kilómetros de la capital provincial, los vecinos cuentan que desde hace cinco meses tienen que comprar bidones porque el agua de la canilla “sale verde, con olor”. Sostienen que la planta potabilizadora es vieja y que faltan inversiones en infraestructura. “Lo que sale no sirve ni para bañarse -enfatiza Juan Carlos-, pero en Aguas de La Rioja cobran y dicen que no es nada”.
La Justicia en el banquillo
La designación, en abril pasado, de Karina Becerra -sobrina de Quintela- en el Superior Tribunal de la provincia desató una ola de críticas. Era secretaria de Justicia del gobierno riojano, hasta entonces era afiliada al PJ y ahora se le estaba por suspender la matrícula por falta de pago y canceló la deuda. En diciembre de 2021 desembarcó como vocal y cuatro meses después, quedó como presidenta.
Jazmín Sarquis, presidenta del Consejo de Abogados de La Rioja, expresa: “La situación en el Poder Judicial es sumamente preocupante, vivimos en un medioevo judicial. No hay expediente digital, ni siquiera en la pandemia se actualizó el modelo y, además, hay un aterrizaje escandaloso de la política en la Justicia”. Repasa que Becerra -quien, además, preside el Consejo de la Magistratura- reconoce, abiertamente, que trabaja para la continuidad del proyecto de Quintela.
“Hay pocos concursos, un uso abusivo de la figura del juez transitorio y designaciones sin credenciales académicas suficientes. Ese esquema favorece que puedan entrar por la ventana jueces amigos. Los sueldos más bajos del país también contribuyen al desprestigio que se vive”, sintetiza Sarquis.
Además de Becerra, integran el máximo tribunal provincial Gabriela Asís, exministra de Seguridad local; Claudio Saúl, varias veces funcionario riojano, Luis Brizuela y Claudio Ana. “Hicieron renunciar a dos jueces para poner a Becerra y Asís -sostiene Galván-, les dieron otro cargo. Los nombres de las reemplazantes fueron propuestos por Quintela cuando la Legislatura ni había aceptado las renuncias de los otros”.
La mayoría oficialista resolvió el tema “en minutos”, una situación comparable -señala el legislador- a la aprobación de la reforma constitucional. “Estas cosas pasan solo en regímenes totalitarios. La diputada Luna fue una de las voceras y criticó nuestros cuestionamientos diciendo que no era necesario el debate porque la reforma no la haríamos nosotros sino los constituyentes”.
La intendenta radical de la capital, Brizuela y Doria, mantiene su reclamo por la coparticipación -llegó a la Corte Suprema- y, además, califica de “descabellada” la imputación que hace unos días le hizo la Justicia provincial por la puesta en marcha del “estacionamiento medido inteligente”. La imputaron por “supuesta desobediencia a la autoridad” porque mantiene el sistema funcionando, pese a un fallo en contra.
“No hay desobediencia porque el fallo judicial no está firme, ya que la Municipalidad usará la instancia recursiva ante la Corte Suprema de Justicia y, mientras esa instancia se tramita, el fallo no es ejecutorio y tampoco hay incumplimiento”, indica el fiscal adjunto municipal, Gabriel García Cruz. En el municipio hacen una lectura política de la actuación judicial. /Gabriela Origlia/La Nación
