La iniciativa es impulsada por Gisela Marziotta y busca extinguir la acción penal contra la líder de la Tupac Amaru y los otros dirigentes de la organización social detenidos o procesados.
A más de siete años de la detención de Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru en la provincia de Jujuy, el oficialismo presentó un proyecto de amnistía para los hechos considerados delictivos relacionados con la actividad política y social de dicha organización.
La iniciativa es impulsada por la diputada nacional por el Frente de Todos Gisela Marziotta y respaldada por referentes de organismos de Derechos Humanos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y por sus pares de bancada Hugo Yasky, Mara Brawer, Pablo Carro y Rodolfo Tailhade, entre otros, y de sindicalistas como Daniel “Tano” Catalano, líder de ATE Capital.
El texto plantea la amnistía “respecto de todos los hechos considerados delictivos relacionados con la actividad política y social de la organización Tupac Amaru, por los que fueron imputados, procesados o condenados, sus propios integrantes desde el 1º de diciembre de 2015 hasta la publicación de la presente ley”.
Además, precisa que en caso de que se conceda la amnistía “nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer o implicado de alguna manera por imputaciones o sospechas de haber cometido uno o más hechos considerados delictivos a los que refiere la presente ley”.
Entre los fundamentos, repasa la historia de lucha de la Tupac Amaru, una organización que surgió en la década de 199 “en un clima de lucha sociales en toda la Argentina”. Con el correr de los años, y en especial durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, “tuvo un fuerte desarrollo de políticas sociales en toda la provincia de Jujuy, en especial con la construcción de barrios”.
El proyecto precisa que la amnistía “decide extinguir la acción penal, haciendo cesar la condena y sus efectos. Es decir que reputa inocentes a los autores de los hechos. Se puede imponer antes del inicio del proceso, durante el proceso o con sentencia firme”.
También denuncian que, tras la llegada de Gerardo Morales al gobierno jujeño, en 2015, “comenzó a urdirse una estrategia de persecución política destinada a acabar con el liderazgo de Milagro Sala y con el activismo político y social de la Tupac”.
“Sala se encuentra detenida desde enero de 2016 y aunque luego se multiplicaron las investigaciones judiciales durante el gobierno macrista, en una primera instancia la detuvieron por llevar a cabo un acampe y escrache a Morales. En los siete años que Sala lleva presa atravesó seis juicios orales y públicos: un juicio en el fuero federal, cuatro ante la justicia ordinaria provincial y uno en el fuero contravencional”, expresaron.
“La amnistía es una instancia superadora al indulto”
En diálogo por la AM 750 Marziotta explicó: “Esta es una instancia superadora respecto al indulto en el caso de Milagro Sala. Porque el indulto lo que hace es decir que hubo un delito y el Ejecutivo tiene la facultad de perdonar este delito. En este caso Milagro quedaría en libertad. La amnistía dice que no hubo delito. Lo que hubo es persecución política. Milagro Sala es una presa política al igual que el resto de los presos y presas de la Tupac Amaru”.
Además, la diputada recordó que se trata del primer proyecto de Amnistía que se presenta en los 40 años de la democracia, a pesar de que el recurso se ha utilizado en distintas oportunidades.
“Es fundamental que este proyecto se transforme en ley porque es muy difícil hablar de democracia cuando hay presos o presas políticas, persecución y cuando está instalado y naturalizado el lawfare como mecanismo de disciplina para dirigentes y referentes de proyectos nacionales y populares”, agregó.
En suma, planteó: “Si en el medio de esta situación el presidente Alberto Fernández firma el indulto, bienvenido sea. Ahora, eso no implica que no sigamos adelante con la necesidad de que se sancione la amnistía. Porque mientras se perdona el delito, vamos a tratar de sancionar la ley para decir que no hubo delito. No invalida una cosa a la otra”.
Además, tras reconocer que el dictamen será complicado porque “a la oposición le cuesta sentarse a trabajar y habilitar debates”, apuntó: “Entiendo que la oposición es cómplice de esta persecución política que se lleva adelante en Jujuy. Es claro que hay una complicidad de los diputados y diputadas de la oposición”. /parlamentario.com
