La administración de Alberto Fernández presentará un documento con dardos también a la gestión de Macri y a los medios; desde Juntos por el Cambio dicen que intentan “justificar” la embestida contra el Poder Judicial.
El Gobierno presentará este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un informe que cierra con fuertes cuestionamientos hacia el Poder Judicial, partidos de la oposición y los medios de comunicación, además de denunciar la existencia del “lawfare” y apuntar a la “falta de garantías” en las causas contra Cristina Kirchner. Se trata de la presentación que hará en Ginebra el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, en el marco del “Examen Periódico Universal”, un procedimiento mediante el cual los países, cada cinco años, son sometidos a una revisión por parte de la máxima organización internacional.
El documento, que presentará el Gobierno el lunes en Ginebra, contiene distintos apartados que describen las políticas aplicadas en diferentes áreas como el fortalecimiento institucional, las políticas de género, la prevención de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y el acceso a la salud y la educación. Habitualmente los países suelen utilizar la presentación de sus informes para exhibir avances en materia de derechos humanos y dar cuenta de la aplicación de las recomendaciones recibidas en la revisión anterior. El informe, no obstante, cierra con un apartado sintonizado con los planteos del kirchnerismo y titulado Cuestiones emergentes: principales desafíos, que aprovecha la vidriera internacional para denunciar la existencia de “mensajes de odio” y del “lawfare”. Vincula a ambos factores directamente con el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El documento generó un fuerte repudio por parte de Juntos por el Cambio, cuya Mesa Nacional emitió un comunicado esta mañana en el que aseguraron que el Ejecutivo pretende “justificar ante la comunidad internacional la embestida en contra de la Justicia independiente”. “Insólitamente, en un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos, acusan al propio país de violar los derechos humanos para buscar la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria del anterior gobierno kirchnerista”, dice el mensaje de la coalición opositora.
En la página 18, el documento elaborado por Pietragalla Corti hace un “llamado de atención” a la ONU por los “discursos del odio” y sus implicancias para la convivencia democrática. “Han tomado mayor visibilidad en los últimos tiempos debido a los graves sucesos acaecidos recientemente, que culminaron con el intento de magnicidio de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”, introduce el texto, que indica que este tipo de mensajes se advierten “de modo creciente” en “diversos espacios políticos, medios masivos de comunicación y redes sociales”.
“Se trata de una problemática compleja que constituye una preocupación a nivel internacional”, diagnostica el informe que pide acompañamiento al Consejo de Derechos Humanos para abordar esta problemática y enumera las acciones que realizó el Gobierno, como denuncias penales e investigaciones del Inadi.
Consultado por LA NACION, un alto funcionario del Gobierno señaló: “El informe es extenso y repasa toda la situación de derechos humanos en el país, incluso contempla informes de de ONGs. Hay un apartado de descripción de coyuntura que es donde Juntos por el Cambio se siente agraviado, no se entiende por qué”. Y agregó, sobre los cuestionamientos al contenido partidario del documento: “Los informes los hacemos los gobiernos y siempre tienen miradas. Si se observa el que presentó el macrismo en el 2017 uno ve que es así”.
Una fuente oficial aseguró que la elaboración del documento corrió por cuenta de la secretaría de Derechos Humanos que depende del Ministerio de Justicia. Su titular, Pietragalla Conti, es un funcionarios fuertemente identificado con Cristina Desde esa dependencia señalaron a LA NACION: “Surgió de mirar lo que está pasando: la democracia vulnerada por el poder real”.
El último apartado del documento apunta al “lawfare”. “Otro de los desafíos que enfrenta nuestro país es el fenómeno del ‘lawfare’ o ‘guerra jurídica’. Desde el actual gobierno nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare –impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático– constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública”, señala.
Expresa, en tanto, que en las causas judiciales que enfrenta Cristina Kirchner se violan garantías fundamentales del Estado de derecho “bajo la excusa” de la investigación y sanción de hechos de corrupción. “Se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal”, enumera.
Dice también que las causas penales se impulsan “únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares”, y que se “mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal”, en un claro pasaje dirigido a la administración de Mauricio Macri, aunque sin nombrarlo.
En contraste, plantea que desde que llegó Alberto Fernández al poder se terminó “la práctica de avasallamiento a la independencia judicial” de parte del Ejecutivo, aunque advierte: “La persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, en tanto integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal siguen llevando adelante procesos penales fraudulentos contra las principales figuras políticas del actual oficialismo”.
En ese sentido también considera que estas “estrategias de persecución” tienen como fin “la proscripción de figuras centrales del escenario político”, en completa sintonía con el mensaje que transmite el kirchnerismo desde que Cristina Kirchner fue condenada en primera instancia en la causa Vialidad. También, que la supuesta persecución es “ejecutada en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al expresidente, tanto en su residencia oficial como en sus residencias privadas”, en relación con Macri.
El diputado Leopoldo Moreau, bien considerado Cristina Kirchner en lo referido a las cuestiones judiciales, dejó entrever el objetivo del kirchnerismo con la presentación ante la ONU. “Ha llegado la hora de que el Estado de Derecho lo salgamos a buscar -en un camino similar al que recorrió el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva- en tribunales y organismos internacionales al amparo de Tratados que, desde la Reforma de 1994, tienen categoría constitucional. Es necesario hacerlo, no sólo para buscar la Justicia que aquí se niega sino también para demostrar, particularmente a los más jóvenes, que en nuestra Patria y en nuestro continente la verdadera rebelión contrahegemónica es enfrentar a las mafias con la herramienta de la democracia”, transmitió el legislador.
Respuesta de Juntos por el Cambio
Luego de que se conociera el escrito que se leerá ante la ONU el próximo lunes, desde Juntos por el Cambio hubo una reacción inmediata a través de un comunicado de la Mesa Nacional, que aglutina a sus principales figuras y a todas las terminales del partido. El mensaje de la oposición aclara a la ONU que es “absolutamente falso” que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa durante la gestión de Macri, al alegar que intervinieron en esos procesos todas las instancias judiciales: dos de juzgamiento, dos de apelación y, en varios casos -según sostienen-, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Pedimos disculpas a la comunidad internacional por el oprobio que implica mentirle a las Naciones Unidas, acusando a la oposición democrática de la Argentina de participar de complots para vulnerar el Estado de derecho, cuando hace exactamente lo contrario, mientras el gobierno insulta a los jueces y pretende expulsar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia con un ridículo pedido de juicio político”, sostiene el comunicado de Juntos por el Cambio.
“Es inédito y penoso que en un evento donde los países bajo examen mundial se esfuerzan por demostrar el cumplimento de los derechos humanos frente a la comunidad internacional, los representantes de nuestro gobierno se encarguen de apuntar a la oposición política, a la Justicia, a los sectores económicos y a la prensa, acusándolos colectivamente de violar los derechos humanos”, remarcan los representantes de Juntos por el Cambio.
En el último tramo de la nota dicen: “El fin que persiguen mediante esta maniobra es justificar ante la comunidad internacional la embestida que el gobierno nacional está realizando en contra de la Justicia independiente para cubrirse bajo un manto de impunidad frente a las fundadas y probadas acciones de corrupción”. / Maia Jastreblansky /La Nación- Foto Infobae
